Desde sus orígenes, la riqueza petrolera de Venezuela ha sido el escenario de
una disputa histórica entre la autodeterminación de su pueblo y la voracidad del
capital transnacional. Aunque en 1975, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez
(Acción Democrática), se formalizó la nacionalización del petróleo, dicho
proceso estuvo lejos de constituir una ruptura real: fue una nacionalización
pactada, acompañada de cuantiosas indemnizaciones a las corporaciones
extranjeras, lo que permitió que la estructura de dependencia y subordinación al
poder económico externo permaneciera prácticamente intacta.
Fue únicamente
cuando Venezuela decidió avanzar hacia una independencia económica efectiva orientada a recuperar el control soberano de sus recursos estratégicos y a
redistribuir la renta petrolera en favor de las grandes mayorías históricamente
excluidas que el país pasó a convertirse en un objetivo prioritario de la
contraofensiva imperialista. En ese punto, el conflicto dejó de ser tolerable
para el poder hegemónico: no se trataba ya de administrar el petróleo, sino de
disputar quién decide sobre él. No es, por tanto, una ofensiva contra un nombre
propio o un liderazgo individual, sino contra un proyecto político que se
atrevió a tocar los talones del imperio y a cuestionar su dominio histórico
sobre la mayor reserva de crudo del planeta.
En la actualidad, Venezuela
enfrenta un asedio criminal encabezado por Estados Unidos, materializado en un
entramado de sanciones ilegales y medidas coercitivas unilaterales destinadas a
asfixiar a la industria estatal PDVSA y provocar el colapso económico del país.
Esta agresión ha escalado hasta el saqueo abierto de activos nacionales, como el
despojo de la empresa Citgo y el secuestro de las reservas de oro depositadas en
bancos extranjeros, prácticas propias de una piratería moderna orientada a
financiar la desestabilización política y erosionar el orden institucional.
Sin
embargo, lejos de doblegar la voluntad popular, este bloqueo diseñado
deliberadamente para generar sufrimiento social ha dejado al descubierto la
naturaleza real del conflicto. No está en juego la defensa de la democracia ni
de los derechos humanos, sino el control geopolítico de los recursos
energéticos. En ese marco, la resistencia venezolana adquiere una dimensión
histórica: reafirma que el petróleo no es un botín al servicio de los intereses
de Washington, sino una herramienta de soberanía, dignidad y liberación de los
pueblos.
En un escenario internacional marcado por el agotamiento del orden
unipolar y el avance, no exento de tensiones, de un mundo multipolar, la defensa
del petróleo venezolano se convierte también en una defensa del derecho de las
naciones a decidir sin tutelajes externos. La experiencia venezolana, más allá
de coyunturas y nombres, se inscribe así en la lucha más amplia de América
Latina y del Sur Global por romper definitivamente las cadenas del imperialismo
y construir un horizonte de justicia social y autodeterminación.
