Hoy se anunció un nuevo golpe al
bolsillo de millones de familias: un alza del 7% en las cuentas de
electricidad. Se suma al aumento del pasaje a principios de este año, al alza
sostenida del gas, y al precio del combustible, que parece no tener techo. Y
mientras tanto, ¿quién protege al pueblo?
La respuesta gubernamental siempre
es a través de tecnicismos, habla de “ajustes” y “normalizaciones tarifarias”.
Pero para quienes viven con un sueldo mínimo, para los adultos mayores, para
las familias que apenas alcanzan a fin de mes, esto no es una cifra: es la
angustia de no saber si se podrá pagar la luz sin dejar de comprar pan.
En Recoleta hemos demostrado que
sí existen alternativas. Con la Farmacia y la Óptica Popular desafiamos el
abuso del mercado en la salud. Con los huertos comunitarios, abrimos camino
hacia la soberanía alimentaria. Y con el proyecto de Energía Popular, estamos
demostrando que la energía también puede ser un derecho y no un negocio.
Estas experiencias no son
soluciones aisladas. Son señales de una política distinta: una donde el Estado
y las comunidades se organizan para garantizar lo básico, lo justo, lo que
debería ser un derecho y no una mercancía.
Pero mientras el Estado central
siga cediendo sus responsabilidades al mercado, la vida será cada vez más dura
para el pueblo. El problema no es técnico, es político. Porque en el Congreso,
una y otra vez, son los sectores de derecha quienes bloquean cualquier intento
de recuperar control público sobre los servicios básicos. Defienden el modelo
con dientes y uñas, porque en él se enriquecen los mismos de siempre, mientras
millones apenas sobreviven.
Es hora de hacer un giro
profundo. Esta etapa de construcción de propuestas para Chile no puede seguir
siendo una discusión abstracta. Las urgencias del pueblo, “vivir con dignidad”,
“pagar cuentas justas”, “tener derechos básicos garantizados”, deben estar al
centro de los programas presidenciales.
Y no solo eso. Necesitamos un
voto de compromiso claro de quienes aspiran a estar en el Parlamento: ¿van a
seguir defendiendo los intereses del mercado o van a ponerse del lado del
pueblo?
Porque cuidar el bolsillo del
pueblo no es populismo, es justicia. Porque lo esencial no puede seguir en
manos del mercado. Y porque no queremos sobrevivir: queremos vivir bien.

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